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 El Gobierno ha aprobado el proyecto de ley de devolución de los papeles de Salamanca, que se hará por vía de urgencia y que pondrá en marcha la operación retorno. Según la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, con esta decisión se restablece “una situación ilegítima”. Por su parte, la ministra de Cultura, Carmen Calvo, los cargos públicos “deben cumplir las leyes, les guste o no” (Levante 16/04/05).
 
 Tenía razón el presidente de CiU, Artur Mas, cuando instaba al PSOE a “aguantar la posición y las críticas y no diluir el acuerdo actual”. Y, efectivamente, así ha sido: el Gobierno de Zapatero ha aguantado la presión y ha cedido al chantaje continuo del trilero catalán. Con esta decisión han abierto la veda, ahora todos tenemos derecho a reclamar lo nuestro. Sin ir más lejos, el pueblo valenciano, tiene en Salamanca 80 toneladas de documentos (literalmente). Además, Valencia fue capital de la República, lo que da idea de hasta dónde pueden llegar nuestras reclamaciones.
 
 Sin embargo, en toda esta historia lo que más llama la atención es la distinta vara de medir que aplican los catalanes en sus reivindicaciones históricas y patrimoniales, ya que son precisamente ellos los que retienen en el Archivo de la Corona de Aragón, fondos robados y secuestrados del Archivo del Reino de Valencia. Las reclamaciones efectuadas se remontan al siglo XV, como perfectamente deja constancia en su magnífico libro, de lectura imprescindible Tratado de la Real Senyera y de los Pendones catalanes de Ricardo García Moya.
 
 Ya en 1419, el rey Alfonso el Magnánimo ordena que se depositaran en Valencia los documentos que estaban esparcidos en otras ciudades de la Corona de Aragón, llevada allí para su seguridad, ya que el Reino de Valencia estaba en constantes luchas con musulmanes y castellanos. La orden no fue cumplida.
 
 En 1542, insistimos en nuestras peticiones y, en las Cortes de Monzón, el rey Carlos I ordenaba que ‘‘todos los registros y actas que son de la Ciudad y Reyno de Valencia, los cuales están en los archivos de Zaragoza y Barcelona, sean restituidos y puestos en el Palacio Real de Valencia’’. La orden no fue cumplida.
 
 Pocos años después, el rey Felipe II a ruegos del “fiel archivero de este Reyno de Valencia”, ordena a Aragón y Cataluña que entreguen la documentación del Reyno de Valencia. Los aragoneses acatan la orden y, el 28 de enero de 1571, abonan los gastos de transporte al “archivero del Reino de Valencia”. Los catalanes, una vez más, incumplen la orden.
 
 En 1809, las tropas de Napoleón saquean el archivo de Simancas y parte de sus fondos son llevados a Francia. Entre ellos figuran legados de los siglos XVI al XVIII, escritos en valenciano y en castellano, dirigidos al rey y autoridades que residían en Madrid y Valencia (nada que ver con Cataluña). Allí permanecieron hasta el año 1852, en el que Francia permitió su devolución. Sin embargo, estos documentos acaban en Barcelona, sin causa justificada, sumándose a los ya retenidos. Entre ellos, hasta la estancia de 1641 para recoger en Madrid la documentación: “El Archivero del Reyno de Valencia, que está en la Corte, pide que se le dé orden para recoger todos los procesos de aquel Reyno, conforme está mandado” (A.C.A., leg. 882).
 
 Y es que ya lo advertía (lo sufrió en sus propias carnes), el profesor Antonio Ubieto hace 25 años: el control de los archivos históricos por parte del catalanismo tiene como objeto, en última instancia, controlar la historia. Como así lo hizo Próspero de Bofarull, de la familia Bofarull, que estuvo controlando durante el siglo XIX el Archivo de la Corona de Aragón, y llegó a publicar una manipulación del Llibre del Repartiment de Valencia (que para mayor vergüenza de los valencianos, está en Barcelona, junto al de Privilegios, Capitulaciones del Descubrimiento de América firmados por el valenciano Lluís de Santàngel, entre otros). Su objetivo era demostrar que la repoblación del Reino fue catalana y lo hizo tachando algunos nombres y omitiendo otros del manuscrito original –casualmente, los nombres tachados u omitidos eran de procedencia aragonesa y navarra.
 
 Es el momento de recuperar lo que es nuestro, lo que es (esta vez sí) una reivindicación histórica. Espero ahora que el Consell cumpla con el anuncio que realizó González Pons (Las Provincias julio/04), en el que manifestaba que reclamaría su parte del Archivo de la Corona de Aragón si el Gobierno dividía Salamanca. Dadas las circunstancias, el Gobierno valenciano no debería conformarse con el cumplimiento del artículo 7 del proyecto de ley de Archivos, en el que se especifica que el Archivo de la Corona de Aragón forma parte del patrimonio archivístico valenciano y que, por tanto, en su patronato deberá participar la Generalitat Valenciana con la disposición adicional segunda del Estatut d’Autonomia.
 
 Si han leído el borrador del patronato que ha remitido el Gobierno a las diferentes Administraciones autonómicas, asigna un único representante, por cada una de las cuatro implicadas, junto al Rey, ministro de Cultura correspondiente y un resto de hasta un número cercano a 25, de libre designación del ministerio.
 
 Si la Generalitat Valenciana vuelve a dejar pasar de largo un asunto como este y mira hacia otro lado, que no se sorprenda luego de los nombramientos que emanen del chantaje trilero . Como le ha pasado a su compañero del PP, el diputado José A. Bermúdez, que recriminaba a la ministra (DS. Congreso de los Diputados, Pleno i Dip. Perm., Núm 41, de 20/10/04) traspasar íntegramente la titularidad de los fondos documentales sobre la guerra civil, que estaban depositados en un archivo nacional al del Archivo de la Corona de Aragón. Si desde Valencia no se reacciona con rapidez, puede que lleguemos tarde; en Bases per a un nou estatut nacional de Catalunya , ‘‘2.9 De llengua y cultura’’, en el punto 6 de Cultura, dice: “Correspon a la Generalitat la titularitat de l’Arxiu de la Corona d’Aragó...”. Ni creo (ni nadie) que vaya adelante el recurso de inconstitucionalidad que acordó el Consejo de Ministros del 19/04/02, contra dos preceptos de ley de Cataluña de archivos y documentos de 13 de julio de 2001, que se centra en que la ley autonómica incluye el Archivo de la Corona de Aragón en el Sistema de Archivos de Cataluña, lo que implica el sometimiento de su gestión a la normativa autonómica e inflinge las previsiones que contienen los Estatutos autonómicos de Aragón, Valencia e Illes Balears.
 
 Habrá que hacer buenas las palabras del eurodiputado de CiU y nieto de Francesc Cambó, Ignasi Guardans: “Cuando a uno le roban la cartera, no ha de dar las gracias cuando se la devuelven”. ¡Eso, que nos devuelvan la nuestra!