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 AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE VALENCIA.

 Carles Recio Alfaro, y como Presidente del Institut d'Estudis Valencians, entidad cultural valenciana fundada en 1938 y debidamente reconocida por el ordenamiento jurídico vigente, COMPAREZCO ante el juzgado y como mejor proceda en Derecho DIGO:

 Que en este acto interpongo denuncia por un presunto delito de GENOCIDIO, tipificado en el artículo 607 de nuestro actual Código Penal, contra la entidad denominada "Académia Valenciana de la Llengua" en la persona de su Presidenta, doña Ascensión Figueres Gorris, y de todos sus miembros, por los siguientes HECHOS:

 El Estatuto de Autonomía Valenciano de 1982 en su artículo 1 reconoció, de acuerdo con el mandato de la Constitución española que establecía la diferenciación entre regiones y nacionalidades que Valencia era una "nacionalidad", y por lo tanto el Pueblo Valenciano conforma un "grupo nacional". Uno de los pilares o signos de identidad de esta comunidad nacional es la lengua, que en el mismo Estatuto se reconoce como "Idioma Valenciano".

 El Idioma Valenciano ha sido escrito tradicionalmente, desde su nacimiento con este nombre de "Lengua Valenciana" en el año 1395, con fórmulas ortográficas esencialmente valencianas hasta la introducción alegal de las normas ortográficas de la Lengua Catalana, inventadas por el Instituto de Estudios Catalanes en el año 1913. Durante los veinte años de autonomía ha sido reclamado un debate ortográfico por parte de las entidades culturales valencianas que ha recomendado estudiar las propuestas de 1914 del Centro de Cultura Valenciana, de 1922 de la Asociación Propoesía Valenciana, de 1932 de la Agrupació Castellonenca de Cultura, de 1944 de la Editorial Torre, o de 1977 de la Academia de Cultura Valenciana. Este debate ha sido imposibilitado por la imposición sistemática de la ortografía catalana, en cuya redacción no participó ni un solo valenciano, sino que fue obra exclusiva del ingeniero barcelonés Pompeu Fabra.

 Finalmente, el pasado lunes día 25 de marzo la entidad denominada "Académia Valenciana de la Llengua", con el voto a favor de todos sus miembros, menos dos abstenciones, acordó reconocer como ortografía oficial para el Valenciano la ortografía del Instituto de Estudios Catalanes, y transmitió este acuerdo al Gobierno de la Generalidad Valenciana para su aplicación. Según la ley de creación de esta Academia todas las entidades que aspiren a recibir fondos públicos deberán doblegarse a la ortografía catalana, con una difusa promesa de "valencianización" que viene a reconocer, implícitamente, que lo aprobado no es valenciano, pues si ya lo fuera no haría falta prometer que se va a "valencianizar" en el futuro.

 Entendemos esta actuación como una agresión grave, no sólo a la tradición literaria valenciana, sino a la misma libertad de expresión y creación, pues coarta de raíz estas libertades básicas de cualquier ciudadano o ciudadana de Valencia. Tan grave es que entendemos que pone en peligro la vida y la salud de la Cultura Valenciana, y de todos los ciudadanos que son el exponente vivo de esta cultura y que forman, desde hace más de diez siglos, el grupo nacional valenciano, los seres humanos que integran la Nacionalidad Valenciana.

 Se entiende por "genocidas" a los que actuaren "con propósito de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso" según nuestro Código Penal. Es evidente que los académicos que han ratificado el acuerdo han pretendido destruir totalmente la identidad valenciana de esta comunidad nacional y, de acuerdo con el punto segundo del referido artículo 607 han sometido al grupo y a sus individuos a unas "condiciones de existencia que pongan en peligro su vida o perturben gravemente su salud". Al destruir el idioma se destruye también al grupo nacional, y por ello a todos y cada uno de sus componentes. El resultado será, por tanto, un claro genocidio de la Nación Valenciana por parte de la Academia Valenciana de la Lengua.

 SUPLICO, pues, al Juzgado que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo a trámite y en su virtud se tenga por interpuesta la presente denuncia por los hechos relatados, y tras la investigación y el esclarecimiento de los mismos, se traslade la misma al Ministerio Fiscal, para que se determinen cuantas responsabilidades penales y de demás índole pudiese haber por el hecho denunciado.

 Es Justicia que pido en la Ciudad de Valencia, a día 29 de marzo del año 2002.
 Carles Recio.