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El 13 de julio de 1998 el Pleno
del Consell Valencia de Cultura, presidido por Santiago Grisolía,
aprobaba el dictamen que dogmatizaba que la Lengua Valenciana
pertenecía al mismo sistema lingüístico de
los territorios de la antigua Corona de Aragón, manera
de disfrazar la entelequia de los países catalanes.
No se atrevieron a decirlo así de claro los cobrantes
del CVC y disfrazaron su anhelados deseos con una falacia, los
antiguos territorios de la antigua Corona de Aragón, cuando
en Aragón no se habla valenciano que se sepa.
El Grup d´Acció Valencianista, que llevó
siempre la voz cantante en la defensa de la Lengua Valenciana,
hizo acto de presencia en las puertas del Consell Valencia de
Cultura el día previsto para la aprobación del dictamen.
La calle estaba tomada por la policía nacional. Los concentrados
llevaban pegatinas de “No mos fareu catalans”, huevos
y tomates. Allí permanecieron las cinco horas que los del
CVC estuvieron reunidos.
En las paredes del edificio ya apareció una pintada con
el nombre de Calomarde, el diputado ahora condenado por acoso
a una mujer, por haber sido el ponente que le hizo el trabajo
sucio del PP en el dictamen. Calomarde ha dejado colgados a sus
electores y partido y se ha pasado últimamente al grupo
mixto.
La escenografía callejera se completaba con carteles y
pancartas llamando asesinos de la Lengua Valenciana a los dictaminantes
y contra las paredes se recostaban algunos ataúdes a la
espera de que sacaran el cadáver del idioma valenciano.
García Sentandreu, en su
libro “Les claus del pacte de la llengua”, cuenta que
“el consejero Ricardo Bellveser, a la sazón redactor
jefe de Las Provincias, defensor del pacto, me cuentan que buscaba
distanciarse personal e ideológicamente de los `asaltantes´,
tratándonos de todo y poniendo en entredicho la cobertura
que su periódico había dado algunas veces a nuestra
organización (Grup d´Acció Valencianista).
No quiero ser más explícito, pero sus insultos no
terminaban en nuestra casa”.
Al término de la sesión, como los manifestantes
no deponían sus actitud, la policía tuvo que sacar
vergonzantemente a los consejeros en un furgón policial,
no sin repartir antes unos cuantos mamporrazos a los concentrados.
La Coordinadora de Entidades Culturales del Reino de Valencia
emitió un comunicado sobre el dictamen del CVC en el que
criticaba la incapacidad de dicho organismo, bajo gobierno del
Partido Popular, para “acometer el encargo de las Cortes
Valencianas” de hacer un informe sobre la lengua valenciana.
Uno de los principales puntos que rebatió fue el que el
CVC dijera que la denominación de valenciano no es excluyente
de otras denominaciones (se refieren al catalán). “Esta
afirmación -decía el escrito de la Coordinadora-
además de temeraria, constituye una manifiesta infracción
de la legalidad vigente pues la denominación oficial de
idioma valenciano (art.7º Estatuto Autonomía 1982)
es `per se´excluyente e impide la vigencia en el mundo legal
de cualquier otra denominación oficial”.
Denunciaba dicho comunicado la “alternativa y estrafalaria”
denominación “lengua propia de los valencianos”,
que más que denominación era una definición,
que junto a las denominaciones no excluídas sólo
pretendían “reducir y poner en entredicho la sustantividad
y singularidad del idioma valenciano lo que constituye una clara
infracción del mandato constitucional que proclama el principio
de seguridad jurídica protegido en el artículo 9.3
de la Constitución Española y viciando de nulidad
aquel acuerdo”.
Señalaba el texto la tomadura de pelo del CVC a los valencianos
cuando adujo que la competencia normativa sobre el idioma valenciano
debería recaer en las Universidades Valencianas, cuando
éstas nunca denominaron, y siguen sin hacerlo, a sus departamentos
de filología como valenciana, sino catalana. Actualmente,
hasta la recién creada Universidad Católica de Valencia,
por imposición de la Universidad de Valencia, llama a este
departamento de Filología Catalana, no valenciana.
La Coordinadora anunciaba que nunca reconocería un ente
normativo salido de dicho dictamen y se mantenía firme
en que debería ser la Real Academia de Cultura Valenciana,
que viene laborando por la lengua y cultura valencianas desde
1915, la autoridad normativa lingüística.
El 1 de julio de 1998, la Coordinadora anunciaba que plantearía
todos los recursos necesarios ante los Tribunales contra este
dictamen y todo lo que surgiera de él, especialmente la
creación y composición de la Academia Valenciana
de la Lengua.
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